Concretamente desde UGT han registrado un escrito el pasado día 11, en el que rechazan que el Manual de Procedimiento para la Gestión Compartida fechado el pasado mes de octubre “inste al personal administrativo a adoptar decisiones propias de profesionales sanitarios y si la solicitud de los usuarios pasan a ser consultas con sus médicos o no”. El sindicato muestra su preocupación y se opone rotundamente a la asignación al personal administrativo de “cualquier intervención y responsabilidad en una decisión que implica valoraciones sobre el estado de salud, necesidades asistenciales o síntomas de un paciente”, porque “la decisión de si la solicitud del paciente es un problema de salud o un trámite administrativo, si la posible consulta médica será presencial o telefónica y cuál es el profesional más adecuado para atenderla” debe corresponder exclusivamente al personal facultativo.
Asimismo, añade que se crearían “situaciones de riesgo innecesarias” en la salud del paciente de las que no pueden ser responsables los trabajadores del personal administrativo” y concluyen que “si se lleva a cabo, sería una grave irresponsabilidad que además acabaría con cualquier atisbo de calidad asistencial que todavía existe en nuestro sistema de atención primaria gracias a la profesionalidad de sus trabajadores y pese a la enorme carga de trabajo que ya tienen que afrontar”.