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Reunión de A.M.A. con el consejero José Luis Gochicoa

La Asociación de Maltratados por la Administración, A.M.A, ha celebrado este sábado una reunión en Argoños, en la que ha asistido Reunión el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, junto con los alcaldes de Argoños y Arnuero, Juan José Barruetabeña y José Manuel Igual.

El consejero ha informado, a todos los vecinos afectados por sentencias de derribo en Argoños, Piélagos, Escalante y Arnuero, de los avances realizados en cada municipio.

En Arnuero, ya hay 54 vecinos que han aceptado la vivienda de sustitución, de los 62 inmuebles programados cuyas obras se licitarán próximamente.

En Argoños, ha resaltado que “somos moderadamente optimistas en cuanto al tipo de solución”. En estos momentos, el Ayuntamiento ya dispone del informe de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo, CROTU, sobre el PGOU y está trabajando en ello de forma “intensa” con la colaboración de la Dirección General de Urbanismo que están en “permanente contacto” para comprobar que las modificaciones se realizan conforme a las directrices fijadas por la CROTU. El objetivo es, según ha dicho, analizar qué viviendas hay que derribar y cuales se pueden legalizar para, conforme a ese análisis, intervenir de la mejor manera posible.

En Escalante, ha comunicado que la Consejería tiene claro que “si o si hay que derribar” y ya se ha llevado a cabo también la tasación correspondiente para ofrecer la cuantía económica a los propietarios de los que, algunos han aceptado y el resto contarán con una vivienda de sustitución. La solución, a juicio de Gochicoa, “como mínimo va estar encaminada porque todo el mundo va a saber su situación de aquí a unos meses”.

En Piélagos, el consejero ha resaltado la complejidad de un municipio que depende de muchos informes y sectores de diferente ámbito como costas o paisajístico y actualmente el Gobierno de Cantabria está pendiente de que se realicen los cambios necesarios para adaptarse a la memoria ambiental para su aprobación provisional y que el documento pueda ser elevado a la CROTU para su estudio y aprobación.