El fiscal ha mantenido su petición de ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público a la exalcaldesa de Santoña Puerto Gallego y a los ocho ediles del PSOE miembros de su equipo en el Ayuntamiento por presunta prevaricación administrativa, que esta parte ve “clarísima”, por comisión y omisión, según ha manifestado.

Por eso, ha elevado a definitivas sus conclusiones en la segunda y última sesión del juicio contra los acusados, por fraccionamiento de contratos durante su mandato. Entre 2003 y 2009 la Junta de Gobierno Local aprobó por unanimidad el pago de facturas, fundamentalmente a cuatro empresas, pese a reparos del interventor que “en ningún momento fueron levantados”, eludiendo así, ha dicho el fiscal, de forma “grosera y palmaria” los requisitos legales en la contratación pública y “vulnerando” los principios igualdad y transparencia.

En la vista, ante el Juzgado de lo Penal número uno de Santander y que se ha celebrado en el salón de actos del complejo judicial Las Salesas, todas las partes han ratificado sus escritos, incluidas las acusaciones particulares ejercidas por el PP y el exconcejal de Falange Leoncio Calle Pila, que denunció los hechos y reclama nueve años de inhabilitación para todos los procesados. Mientras, las defensas han insistido en la libre absolución de sus patrocinados.

El representante del ministerio público, que considera que concurre la atenuante de dilaciones indebidas en este causa, enjuiciada casi veinte años después de las primeras irregularidades denunciadas y tras más de una década desde que arrancó la instrucción, ha afirmado que tras la prueba practicada ha quedado “sobradamente acreditada” la prevaricación en los documentos aportados, más de seis mil distribuidos en cinco cajas.

En este punto, ha incidido en que por un lado el órgano de gobierno municipal aprobaba facturas de gasto sin contar con consignación presupuestaria y, por otro, se causaba un perjuicio a la “contratación”, que no se efectuaba “correctamente”.

Así, a sus ojos, es “palmario” que los integrantes del gobierno municipal de la villa santoñesa procesados infringieron la normativa vigente para los contratos públicos, y resulta “sangrante” además cómo se prolongó en el tiempo esa “arbitrariedad”.

“Se ha repetido hasta la saciedad”, durante un “dilatado” periodo de seis años, les ha afeado el fiscal, para quien no hubo “ganas” ni “interés” por parte de responsables políticos de ajustar su proceder a “ningún” mecanismo establecido. En su opinión, “eludieron” los mecanismos de contratación existente y “lo hicieron como les dio la gana”, “despreciando la legalidad” y bajo la máxima de “vale todo”.

En su alegato final también ha censurado las testificales del secretario e interventor municipal en la vista oral, pues “han faltado a la verdad de la mitad de las cosas que han dicho”. Y con los interrogatorios a los procesados -que se acogieron a su derecho a declarar solo a sus abogados- “no se ha mostrado toda la realidad”.

Al hilo, el representante de la Fiscalía ha rechazado el argumento de que las situaciones enjuiciadas fueran “heredadas” y fruto de una “mala gestión anterior”, pues “no se puede fraguar una ilegalidad durante toda la vida”. Ha añadido que no fue una situación “puntual”, sino que afectó a diversos servicios, “uno tras otro”. “Hubieran podido pagar lo que les hubiera dado la gana”, ha reflexionado.