Puerto Gallego, exalcaldesa de Santoña, ha sido finalmente condenada a cinco años de inhabilitación especial, para cargo público en la administración local, por prevaricación administrativa en su etapa en el Ayuntamiento de la villa, por fraccionamiento de contratos.

Por otra parte, sobre los otro ocho ediles acusados por aprobar el pago de facturas pese a reparos del interventor han recaído cuatro años de inhabilitación para desempeñar esos puestos o los de regidor, teniente de alcalde o cualquier otro de naturaleza electiva en el ámbito municipal.