Podemos e IU recuerdan el caso de los programas de corporaciones locales, en los que se contrata a un centenar de personas cada año, pero donde se reciben subvenciones para salarios muy por debajo de lo que marcan los convenios de los Ayuntamientos, con lo que estos luego tienen que complementarlos. De hecho, recientemente se aprobaba en Castro una modificación del presupuesto, 639.000 euros, para cubrir este concepto.

“Estos ajustes salariales se han reclamado por vía judicial por los trabajadores, que han ganado uno tras otro todos los juicios, pero el Gobierno de Cantabria sigue mirando para otro lado, mientras que los ayuntamientos asumen el coste”, señala Pablo Villasante, portavoz de IU Castro Urdiales-Costa Oriental.

Según ambas formaciones, otro de los ejemplos sangrantes es la concesión de subvenciones por población empadronada en vez de la real y añaden que es un criterio muy utilizado. Además. Villasante García expone que “estos ejemplos se han dado en apenas cuatro meses y la pérdida ya es superior al millón de euros, al final de la cadena esto repercute en los bolsillos de los castreños, y en los servicios e infraestructuras del municipio”.